Lucha por la democracia sindical

 Las reformas orientadas al mercado adoptadas en diversos países latinoamericanos durante las dos últimas décadas, han modificado drásticamente el contexto en que venían operando los sindicatos. Uno de los cambios más significativos fue el menor margen de maniobra de los gobiernos para definir sus políticas internas y mantener los viejos compromisos con los trabajadores, característicos de los sistemas de relaciones laborales de corte corporativo, dominantes en algunos países de la región. La consecuencia fue el creciente desequilibrio en el poder de negociación del capital y el trabajo, lo que se tradujo en un reparto inequitativo de los costos y beneficios del cambio económico. Al respecto, existen evidencias que muestran que después de varios lustros de políticas "neoliberales" se observa un crecimiento económico menor al esperado y una acentuación de la desigualdad entre y dentro de los países, lo que, entre otros factores, se relaciona con la ausencia o la fragilidad de las instituciones y organizaciones —como es el caso de los sindicatos— capaces de promover una mejor distribución de los resultados (UNCTAD, 1997 y OCDE, 1996).

Las estrategias encaminadas a renovar las fuentes tradicionales del poder sindical, en mayor o menor grado asociadas al papel central que los estados latinoamericanos tuvieron en el modelo de desarrollo, sustentado en la sustitución de importaciones divergen en sus ritmos, alcances y dirección, entre otras razones, en atención al grado de avance de la democratización política.¹ Sin embargo, de la posibilidad de conseguir un reemplazo adecuado de esas fuentes de poder y del uso eficiente de los recursos capaces de fortalecer la acción colectiva frente a una nueva estructura de restricciones y oportunidades, dependerá en gran medida la inclusión o exclusión de los intereses de los asalariados de las supuestas ventajas de la globalización económica.

En estas circunstancias, si el sindicalismo mexicano podrá o no remontar las inercias corporativas y antidemocráticas para funcionar en adelante como un contrapeso efectivo al creciente poder de las empresas trasnacionales y a su aspiración a competir a través de los bajos salarios y la alta productividad alcanzada en los sectores orientados a la exportación, gracias a la reestructuración emprendida en los ochenta, es un interrogante cuya respuesta tendrá serias implicaciones dentro y fuera del país. Ello se debe a que ante la creciente interdependencia de las economías y la posible extensión del TLCAN al resto del continente, un modelo laboral excluyente y de "incentivos negativos"² como el que actualmente se desarrolla en México con la complicidad del sindicalismo tradicional, pondría en peligro cualquier intento por mejorar las condiciones laborales o defender las instituciones sobrevivientes del vendaval flexibilizador que acompañó a los procesos de ajuste y cambio estructural en América Latina. De ahí que las perspectivas de los sindicatos mexicanos y su capacidad para impulsar las transformaciones que les permitan representar con eficacia los intereses de los trabajadores en el nuevo contexto, cuestión que se desatendió en gran medida por los avatares de la transición política como por las expectativas generadas en torno a las ventajas que se derivarían del libre funcionamiento del mercado, cobren hoy una renovada importancia.

Esta problemática es abordada aquí desde una perspectiva doble. Por una parte, se ofrecen algunos elementos de reflexión en torno a la relación entre la democracia interna y la capacidad de las organizaciones sindicales para fortalecerse en las nuevas circunstancias políticas y económicas por las que atraviesa el país, a través de la renovación de sus recursos tradicionales de poder. Por otra, se aborda en qué medida es necesario el cambio institucional para alentar la democratización de los sindicatos y se analizan las alternativas contenidas en los proyectos de reforma de la legislación laboral de los más importantes partidos políticos de oposición, el PAN y el PRD, encaminadas ambas a dejar atrás los autoritarios y corporativos del viejo sistema sindical.

 

Diagnóstico del sistema educativo nacional

 La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Las prácticas  corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la  capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para  atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los  ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país. Por ello, erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos  centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal  pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún  servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que  sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su  Trabajo. Lo anterior significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de  recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la  extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo,  el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el  aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal  o de grupo. Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las  adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones  patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el  Fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional  tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo  real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Con ese mismo objetivo  se propondrá al Congreso de la Unión la Ley Federal de Combate de  Conflictos de Interés, se centralizará las instancias de contraloría, se  reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función  Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se reorientará la  Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito  Público (SHCP) y se creará una unidad policial especializada en lavado de  dinero. 

El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de  oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados. En apego al  marco legal, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará  las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los  presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social  Y económico. 

Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los  privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y  medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de  personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos,  mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de  seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a  los viajes sin sentido. Únicamente los titulares de las secretarías de Estado  odrán disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos  funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieran de medidas de  seguridad.

Descentralizacion educativa

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, en su artículo 73, fracción XXV, dispone que el 

H. Congreso de la Unión, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público.

Es así, que en cumplimiento a ese mandato constitucional, el H. Congreso de la Unión expidió, entre otros ordenamientos, la Ley Federal de Educación, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de noviembre de 1973, misma que establece que la promoción, establecimiento, organización, dirección y sostenimiento es una de las actividades que comprende la función educativa, y en la que se prevé la concurrencia de facultades entre la Federación, los Estados y los Municipios que, sin embargo, implicó una concentración y una centralización que ya no correspondía a los tiempos actuales.La ley citada disponía asimismo, que la Federación podrá celebrar con los Estados y los Municipios convenios para coordinar o unificar los servicios educativos.En diciembre de 1982, el entonces Presidente de México, retomando los planteamientos captados durante su campaña electoral anunció la decisión de transferir a los gobiernos locales los servicios de educación básica y normal, así como los recursos de apoyo correspondientes, sin demérito de los derechos laborales y de organización sindical.En el marco de la Ley de Planeación y del Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Educación Pública. Elaboró el Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte, 1984-1988, puntualizándose “que transferir a los gobiernos estatales los servicios de educación preescolar, primaria, primaria, secundaria y normal, constituye en parte un hecho esencial para lograr los objetivos de la descentralización de la vida nacional y contribuir, mediante la participación de la comunidad, al desarrollo Integral de los estados”En tal virtud, la Secretaría de Educación Pública inició diversas acciones tendientes a crear la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proceso de descentralización de los niveles de educación básica y normal, y a fin de propiciar el logro de las mismas, con fecha 8 de agosto de 1983 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, propondrá a los Gobiernos estatales la celebración de acuerdos de coordinación en el marco de los Convenios únicos de Desarrollo, establecer un Comité Consultivo para la Descentralización Educativa. Por medio de este Decreto, se reorganizan las delegaciones generales cambiando su denominación a Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar. Asimismo, se crea una Coordinación General para la descentralización Educativa, que tendría como función auxiliar al Titular de la Secretaría de Educación Pública en la ejecución de las medidas que requiera el proceso de descentralización.Posteriormente, el 20 de marzo de 1984, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que establece los lineamientos a que se sujetarán las acciones de Descentralización de los Servicios. 

La crisis del sector educativo y cultural

La crisis cultural
En el punto crucial (Fritjof Capra, 1992) nos muestra una sociedad y una cultura en crisis a la cual "sólo será posible encontrar solución cambiando las estructura misma de la red, y esto exige una profunda transformación de nuestras instituciones sociales, de nuestros valores y de nuestras ideas".

El punto crucial tiene como propósito mostrar que la actual crisis cultural tiene su origen en los principios filosóficos mediante los que se construye el conocimiento científico desde los postulados de Bacón, Galileo, Descartes, Newton, entre otros.

La crítica de Capra a lo que él llama "la polifacética crisis cultural" (Capra Fritjof, 1992, p.27) se centra en la concepción mecanicista del mundo que construyen los padres del conocimiento científico, en el dualismo cartesiano (Cuerpo - alma), en la desatención ecológica  y en  la tradición judeo-cristiana que condicionó las relaciones autoritarias y de dominación de los hombres para con las mujeres y la tierra, "el concepto de la superioridad de la mente racional" (Ibíd. p.44), una visión racionalista, autoritaria y de dominación del hombre hacia la naturaleza y hacia la mujer que han dado como resultado el control de la humanidad por la humanidad y el exceso de autoafirmación mediante el uso de la fuerza, el poder y el control.

El conocimiento revelado, la ciencia, la tecnología, el arte y la educación se han orientado al control y, según Capra, el control y la dominación por la fuerza es el modelo que ha terminado por reinar en la sociedad.

El poder de persuasión, de engaño y manejo de la voluntad y la conciencia y, la capacidad de control económico de unos pocos sobre el resto se ha concentrado y perpetuado en manos de una clase dominante que sigue y se alimenta de ideas racistas, clasistas, sexistas que justifican la práctica del despojo, del saqueo, del desplazamiento mediante la estrategia de la guerra y, de la explotación como respuesta a la satisfacción de las necesidades básicas de supervivencia y, la marginación como mecanismo de exclusión y negación de esa multitud de consumidores y productores de riqueza, que los políticos han dado por llamar el pueblo.

Hoy, el transito del conocimiento y  la información, por su estructura y forma de apropiación y manejo han provocado una crisis cultural que ha puesto en duda la presunción de verdad del conocimiento científico y la validez de aplicación de la tecnología. El conocimiento y la tecnología en si han perdido credibilidad y no se confía en su neutralidad, pues hoy, se le ve como un recurso que se usa con eficacia o para la eficacia; como lo afirma (Vargas Germán, 1999) él ha perdido su función simbólica; a lo más éste opera como mercancía?"

La llamada era del conocimiento, herencia de eso que los sociólogos y filósofos han llamado con los términos de posmodernidad, globalización, cibersociedad, y que viene impulsada por la corriente económica denominada neoliberalismo, exige condiciones distintas de los seres humanos que la habitan, donde el meollo del asunto está, según el PNUD(1), en la capacidad de educarse toda la vida. (Gómez Buendía, 1998)

Visión que contrasta: por un lado, con un nuevo orden de control donde ya el estado no es responsable de subsidiar los costos educativos, estos se han delegado a la suerte del niño, del ciudadano o de la familia y donde el estado se ha reservado el derecho de control y; por el otro, con una  educación que se ofrece como mercancía y condición para insertarse con eficacia y eficiencia en la sociedad; una visión educativa que perpetúa y reproduce la concepción mecanicista de la vida, una educación que fiel a los postulados de 

Descartes da supremacía al "pensamiento científico con su visión de la naturaleza como una máquina perfecta regida por leyes matemáticas exactas" (Capra Fritjof, 1992 p. 64).

La educación de hoy, se erige como la piedra de toque de una nueva sociedad basada en el "conocimiento", educación que ya no es tarea de maestros e instituciones educativas sino que la entendemos como la suma de vivencias sociales que estimulan la capacidad de aprender, y donde toda la sociedad está involucrada. En la base de las instituciones escolares desde el preescolar hasta el posdoctorado, está el papel fundamental de la familia y todas las organizaciones sociales (iglesias, partidos políticos, sindicatos, gremios, medios de comunicación, barrio, Internet, etc.). Así la educación pasa de ser un derecho amparado por la Constitución Nacional a un deber de todos: "Para crecer como persona y servir como ciudadano, cada uno de nosotros está obligado a cultivar al máximo sus potencialidades, a hacer de la propia vida un empeño permanente de aprender" (Gómez Buendía 1998, p. xxix).

El PNUD ha dicho que la prioridad para el siglo XXI es educar, "porque la educación es condición de la cultura, la libertad y la dignidad humana" (ídem, xxx). Siendo el pasaporte de cada uno de los individuos y de la colectividad para el mañana, lo que exige que la educación sea la primera preocupación de gobiernos guiados por un consenso amplio y duradero, que parte de unos acuerdos mínimos como el de brindar educación preescolar a los más pobres, que permita igualar oportunidades, sin embargo, la realidad se muestra esquiva a La Agenda del Siglo XXI del PNUD, hoy más que nunca, la educación de masas es un camino de engranaje para el trabajo, donde no tiene lugar la conciencia, el sujeto y los ideales de libertad y autonomía intelectual, social y ética.

Esta educación de la que se habla, debe permitir en el educando ciertas destrezas, saberes, actitudes y valores: "Los necesarios para seguir aprendiendo: lectura, escritura, expresión oral, cálculo, razonamiento lógico y espacial, apreciación estética, capacidad de interpretar y criticar... Los necesarios para convivir: no agredir al otro, saber interactuar, decidir en grupo, cuidar de sí mismo, cuidar el entorno... Los mínimos necesarios para un trabajo típico del siglo XXI: bilingüismo, habilidad matemática y de lectura correspondientes al menos al noveno grado, habilidad para solucionar problemas (lo cual conlleva la formulación y prueba de hipótesis), habilidad para el trabajo en equipo... Los necesarios para entender y disfrutar la ciencia y la tecnología: un pensamiento crítico, que sea capaz de poner orden en la experiencia dispersa y sea capaz de revisar una y otra vez sus propios supuestos" (ídem xxxii).

Al iniciar el siglo  de las esperanzas, las ilusiones y de los cambios prometidos (XXI), la situación es por demás totalmente opuesta, hasta el punto que la sociedad más que otra cosa esta desilusionada del progreso.

La educación como dimensión de cambio de los animales y especialmente del ser humano y, la pedagogía como forma de conocimiento responsable de estudiar y caracterizar la cultura para entrever e interpretar en ella problemas y proponer soluciones de orden educativo no ha escapado a la crisis de la cultura, en ella, más que en cualquier otro ámbito del ser humano se refleja y perpetua la concepción mecanicista del mundo, el dualismo cartesiano y el autoritarismo. Lo anterior lo evidencia el autoritarismo de la burocracia de estado, la practica generalizada de la evaluación por competencias, los recortes y alteraciones a la universidad pública y la brecha tecnológica y humanística de la educación en todos sus niveles.

El discurso esperanzador de la UNESCO y del PNUD de lo que sería la educación del siglo XXI no ha posibilitado el cambio o la alteración de unas instituciones que se erigieron en la concepción mecanicista del ser humano, desde el conductismo y el estructuralismo que concibieron al niño como un ser con cerebro y comportamiento y sin conciencia, según los postulados de Watson y Skinner. La institución escolar ha asumido la metáfora de la fábrica donde se domina y moldea al ser humano desde los principios conductistas y los sistemas industriales de evaluación y organización de eso que los teóricos han dado por llamar el currículo técnico de Taylor.

Crisis económica de los 80's

 Las crisis recurrentes iniciadas a principios de 1982, que se repitieron a lo largo de toda la década, a causa de la caída de los precios del petróleo, las exigencias impuestas por el pago puntual de la deuda externa, agravada por la sacudida de los mercados de capital cada vez que aumentaba la tasa de interés el Sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED por sus siglas en inglés), la apertura de la economía mexicana al exterior y las políticas de ajuste para equilibrar las cuentas con el exterior y la privatización son las características más relevantes del nuevo modelo.

La implementación del nuevo modelo acompañado de las reformas modernizadoras, con la apertura comercial a ultranza de México al mundo y los ajustes económicos que fueron implementados por las administraciones gubernamentales de México desde 1982 para lograr el cambio estructural anhelado, se veían como una respuesta novedosa a la crisis, incluso se llegó a pensar por un grupo de pensadores influyentes en su momento que sería la solución para evitarlas en lo futuro. En esta corriente de autores se inscribe Aspe (1993), Villarreal (1988), Zabludovsky (1992) y Bravo (1993), la apertura se convertía en el punto central de la nueva estrategia del desarrollo, toda vez que liberaba a la economía mexicana de las ataduras impuestas por la política proteccionista y estatista, implementadas durante más de 3 décadas por los gobiernos de corte nacionalista.

Existe también, por el otro lado de la moneda, un conjunto de autores que analizó los efectos negativos de los llamados ajustes económicos en el gasto en salud y educación, que se tradujeron en lo conocido como «los costos sociales», en el sentido de que fueron medidas que se tradujeron en desempleo, informalidad en el empleo o subempleo, caída del salario real y descuido de los sistemas de seguridad social, que provocaron aumentos en la desigualdad (Alba, 1993, Lustig, 1999, Pánuco y Székely, 1999, Camberos, 1994) y en la pobreza (Boltvinik, 1994, Lustig, 1993 y Levy, 1991) y que se convirtieron, como las crisis y las recesiones, en una constante a lo largo de las décadas de 1980, 1990 y 2000.

La apertura comercial tiene especial importancia en el inicio de este período, porque constituía —así se pensaba en esta nueva era del desarrollo— una señal en el camino, o más bien en el túnel, por la incertidumbre que envolvía a la economía mexicana, por el cual transitaría, como se anotó arriba, a lo largo de las siguientes 3 décadas. A continuación revisaremos los aspectos nodales de esta apertura y los efectos, primero en las cuentas con el exterior, principal preocupación del gobierno de México durante la crisis, y luego su impacto en el crecimiento, el empleo y los llamados «costos sociales» del ajuste.

La apertura comercial y la globalización

La apertura se acelera inicialmente por las presiones de los organismos financieros internacionales, principalmente el FMI y el Banco Mundial, responsables del rescate de las economías que enfrentan problemas de cumplimiento de pagos con sus acreedores, cuando ponen en riesgo el equilibrio de los mercados internacionales, como era el caso de México. Así, a cambio del rescate, tendrían que implementarse ajustes supervisados por los organismos mencionados. Se exigió al gobierno mexicano que cambiara su política proteccionista de la economía por una de apertura al mercado internacional, y es el Presidente Miguel de La Madrid a quien le toca acelerar el proceso de apertura (Tello, 2009).

Ya en el Plan de Desarrollo de 1983 se contempla la reforma arancelaria que abre las puertas de México al mercado mundial; mientras que, en el Programa Nacional de Fomento a las Exportaciones se plantean los mecanismos para lograrlo (Bravo, 1993 y Zabludovsky, 1992). Acorde con el Programa, durante 1984 se inicia el desmantelamiento del sistema de permisos previos para importar, logrando desgravar 2,844 fracciones en ese año, cerca del 25%, proceso que se aceleró en el siguiente año hasta desgravar 7,252 fracciones, llegando a 11,880 en 1988, prácticamente el total (Bravo, 1993).

La adhesión de México al desaparecido Acuerdo General de Aranceles y Comercio —ahora convertido en la Organización Mundial de Comercio— en 1986, constituyó, sin duda, el factor cualitativo que requería el nuevo modelo, pues casi de manera inmediata se redujo el arancel de los bienes de consumo a un máximo del 20%. Un año después las fracciones arancelarias se redujeron a 329 y el arancel máximo pasó de 50% a 29%, con un promedio de 9.7% (Gittli, 1990).

Al final de la década de 1980 se había eliminado prácticamente de la política comercial con el exterior el factor discrecional que representaban los permisos de importación, vigente por más de 3 décadas, quedando la política arancelaria como el marco de intercambio con el exterior. El siguiente paso se dio inmediatamente. La década de los 1990 trajo consigo globalización, y con ella la firma de tratados comerciales iniciados con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TLC) en 1993, al que le siguieron los de Chile y la Unión Europea, Japón como los más relevantes, la apertura ya no fue producto de las presiones internacionales como ocurrió una década atrás, sino que el gobierno mexicano lo convertía en parte esencial de una estrategia deliberada del desarrollo económico de México, toda vez que mediante estos tratados se eliminaron prácticamente todas las barreras arancelarias, convirtiendo a México en uno de los países con el mayor grado de globalización económica, por llamarlo de una manera más correcta.

El crecimiento económico

Si el sector externo no mostraba los resultados del todo esperados al final de la década, en cuanto a la eliminación de las presiones externas al resto de la economía no le fue mejor, como se observa en la tabla 1 (infra) que ofrece una síntesis de los indicadores de la economía: el crecimiento económico, el empleo, el salario y el gasto social, que servirán para conocer el impacto de las crisis.

El movimiento estudiantil.

 El movimiento estudiantil del 2 de octubre de 1968 fue un movimiento social, en el que no sólo estudiantes de la UNAM y el IPN participaron, sino profesores, escuelas privadas, amas de casa, obreros y profesionistas en la Ciudad de México. Dicho movimiento fue reprimido por el gobierno mexicano, en la llamada ‘Matanza de Tlatelolco’ en la Plaza de las Tres Culturas.

Movimiento Estudiantil

Movimiento Estudiantil

El objetivo de el movimiento estudiantil buscaba un cambio democrático en el país, pues los ciudadanos ya estaban cansados del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz; el pueblo quería y necesitaba mayores libertades políticas y civiles, mayor igualdad y la renuncia del gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que consideraba autoritario.

 

El 2 de octubre de 1968 miles de personas se dieron cita en Tlatelolco para alzar la voz.

 

En esta manifestación se infiltró el Batallón Olimpia que iban vestidos de civiles con un guante blanco en la mano izquierda, quienes se dirigieron al edificio “Chihuahua” donde se encontraban los oradores del movimiento y varios periodistas, pero cuando los lideres del movimiento estudiantil comunicaban a los asistentes a dispersarse pacíficamente y sin caer en provocaciones, los hombres de guante blanco, hicieron que los oradores se tiraran al suelo, aproximadamente eran las 6:20 p.m., cuando unos helicópteros vigilaban a la multitud desde el aire, es entonces cuando aparecieron unas luces de bengala como señal para que los francotiradores del Batallón Olimpia apostados en el edificio “Chihuahua” abrieran fuego en contra de los manifestantes y militares que resguardaban el lugar, y en ese momento empezó la balacera, esto último fue una estrategia de este grupo paramilitar creado por el gobierno mexicano para infiltrarse y detener a los manifestantes y hacer creer que los estudiantes eran los agresores.

 

Los militares en su intento de defenderse, repelieron “la agresión de los estudiantes”, pero ante la confusión, los disparos no fueron dirigidos contra sus agresores, sino hacia la multitud de manifestantes que se encontraban en la plaza de Tlatelolco, en breve una masa de cuerpos cubría toda la superficie de la plaza.

 

La masacre continuó durante la noche, los soldados allanaron los edificios de apartamentos adyacentes a la plaza. Testigos de los hechos aseguran que los cuerpos fueron sacados en camiones de basura, los medios de difusión de todo el mundo publicaron la noticia de que se había registrado el choque más sangriento entre los estudiantes y tropas del gobierno. Este suceso resume que lo que provocó la matanza de estudiantes del 2 de Octubre de 1968, fue la intolerancia del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz que estaba rigiendo a México en esos años.

La reforma educativa de Luis Echeverría

 LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ

La administración de Luis Echeverría (1970-1976) mostró desde un principio su interés de mejorar el sistema educativo y puso en marcha una Comisión Coordinadora de la Reforma Educativa para diversificar los servicios educativos, aumentar el número de escuelas y reformar los planes de estudio. La reforma de este periodo se reflejó en la publicación de una nueva Ley Federal de Educación en 1973 que sustituyó a la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941. Esta nueva ley adoptó la definición de educación como institución del bien común y organizó al sistema educativo nacional para establecer nuevas bases que impulsaran los derechos que todos los habitantes del país para recibir educación con las mismas oportunidades.

De la  misma forma, se promulgó la Ley Nacional de Educación para Adultos de 1976, que reguló la educación para los mayores de 15 años que no habían cursado o concluido la primaria o la secundaria. Esta educación fue concebida como educación extraescolar, basada en la enseñanza autodidacta y la solidaridad social. Durante este periodo también se crearon diversas instituciones educativas, tales como el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), el Colegio de Bachilleres y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Asimismo, la SEP modificó su estructura orgánica e instituyó la Subsecretaría de Planeación y Coordinación Educativa., dependencia que inició la desconcentración técnico-administrativa con la creación de 39 unidades de servicios descentralizados en las nueve regiones en las que fue dividido el país.