Diagnóstico del sistema educativo nacional

 La corrupción es la forma más extrema de la privatización, es decir, la transferencia de bienes y recursos públicos a particulares. Las prácticas  corruptas, agudizadas en el periodo neoliberal, dañaron severamente la  capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas legales, para  atender las necesidades de la población, para garantizar los derechos de los  ciudadanos y para incidir en forma positiva en el desarrollo del país. Por ello, erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos  centrales del sexenio en curso. Con este propósito, el Poder Ejecutivo federal  pondrá en juego todas sus facultades legales a fin de asegurar que ningún  servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea del nivel que  sea, salvo en lo que se refiere a la retribución legítima y razonable por su  Trabajo. Lo anterior significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de  recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la  extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo,  el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el  aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal  o de grupo. Tal es el propósito de tipificar la corrupción como delito grave, prohibir las  adjudicaciones directas, establecer la obligatoriedad de las declaraciones  patrimonial, fiscal y de intereses de todos los servidores públicos, eliminar el  Fuero de los altos funcionarios, fomentar la colaboración internacional  tendiente a erradicar los paraísos fiscales, monitorear en línea y en tiempo  real el dinero para adquisiciones y realizar verificaciones obligatorias de los precios de mercado antes de cualquier adquisición. Con ese mismo objetivo  se propondrá al Congreso de la Unión la Ley Federal de Combate de  Conflictos de Interés, se centralizará las instancias de contraloría, se  reforzarán mecanismos fiscalizadores como la Secretaría de la Función  Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se reorientará la  Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito  Público (SHCP) y se creará una unidad policial especializada en lavado de  dinero. 

El aparato gubernamental, tal y como se recibió el 1 de diciembre de 2018, estaba plagado de instituciones redundantes, de duplicidad de funciones y de  oficinas y partidas presupuestales sin propósito o resultados. En apego al  marco legal, el gobierno federal eliminará los despachos inútiles, concentrará  las funciones y tareas en las dependencias centralizadas y reorientará los  presupuestos dispersos a los programas significativos y de alto impacto social  Y económico. 

Los lujos, los dispendios y la opulencia que caracterizaban el ejercicio del poder han llegado a su fin. El gobierno actual está decidido a eliminar los  privilegios y prebendas de que han disfrutado los funcionarios de nivel alto y  medio y pondrá fin a la contratación generalizada e indiscriminada de  personal de confianza, a la asignación abusiva de oficinas, vehículos,  mobiliario, equipos de comunicación y viáticos; al pago con cargo al erario de  seguros de gastos médicos; a los presupuestos para fiestas y banquetes y a  los viajes sin sentido. Únicamente los titulares de las secretarías de Estado  odrán disponer de vehículo y chofer, y sólo se asignarán escoltas a aquellos  funcionarios que, por la naturaleza de su trabajo, requieran de medidas de  seguridad.